No es de extrañar que en la República Dominicana un minoritario sector político responda alarmado ante el anuncio de que un ex mandatario y su gestión de gobierno sean sometidos a juicios populares y juzgados en todo el territorio nacional, tal como han propuesto reputados representantes de la sociedad.

La reacción airada de ciertos personajes va acompañada de la caricaturización del asunto, pese a lo ocurrido a Salvador Jorge Blanco (presidente, 1982-1986), enjuiciado y condenado en uno de los gobiernos de Joaquín Balaguer (1986-1990).

Habrá alegatos políticos y jurídicos respecto a este precedente. ¡Pero hay un precedente! Este sirve para que ex mandatarios sean juzgados en los tribunales y abrir la puerta de la cárcel si son hallados culpables.

Lo que sí debe causarnos alarma, es que el caso del ex presidente Leonel Fernández sea derivado a los tribunales populares, porque se desconfía hasta la médula del envilecido sistema de justicia.

Y que esos ciudadanos hayan postergado su querella ante el Ministerio Público hasta que desaparezca la impunidad relacionada con delitos cometidos desde la más alta función pública hasta la de menor jerarquía.

La incredulidad de que un ex jefe de Estado puede ser juzgado viene de la cultura de los regímenes dictatoriales y pseudodemocráticos, y de la impunidad impuesta durante el ejercicio del poder y fuera de él.

Los juicios populares, para juzgar a Leonel Fernández, tendrán por detractores a los leonelistas, pero los que aún padecen los rigores de sus gobiernos de 12 años sostendrán las denuncia-querellas.

Porque, como decía el poeta español del realismo Ramón de Campoamor, y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira.