Marchando hacia el Palacio.- En América Latina nunca habíamos visto tantos funcionarios públicos, dirigentes políticos y empresarios en prisión o sometidos a juicio por corrupción, como viene ocurriendo tras develarse el caso Lava-Jato en Brasil, con diversas ramificaciones en el exterior, incluyendo a la República Dominicana.

Se trata de un club de empresas que a través del soborno se repartían obras públicas con sobreprecios en Brasil y en países de Latinoamérica, así como en África, con los mismos lobbistas y “modus operandi”.

En una buena parte de estos países de la región, la justicia ha intervenido para juzgar a los imputados de corrupción, algunos de ellos tras las rejas, pero en el nuestro la impunidad es lo que ha prevalecido.

Y esto ocurre porque no existe una justicia independiente; por el contrario, es narigoneada por el presidente de la República, que es el que nombra al Procurador General y decide en la selección de los jueces.

Lo mismo sucede con el Congreso Nacional, donde el jefe del Poder Ejecutivo traza las pautas y la mayoría de sus integrantes actúan a pie juntillas, según las ordenes recibidas desde el Palacio Nacional.

Estamos padeciendo una pseudo democracia, porque no existe la división de los poderes públicos en que dice estar sustentada; todo gira alrededor de una farsa; vivimos en una dictadura institucional.

De manera, que esas superestructuras del Estado son un disfraz de esa dictadura, corrupta y corruptora, que se apoya en la fuerza de la sinrazón para el provecho exclusivo de sus sostenedores y socios.

La concentración de Marcha Verde frente al Palacio Nacional este domingo, resultado de una profusa peregrinación desde todos los puntos del país, presagia que los dominicanos pondrán fin a esta desgracia.