Juicio trespatinesco.-
El dictamen del juez Francisco Ortega, que cambió la medida de coerción a los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, de prisión en Najayo a una garantía económica, nos dijo con claridad hacia donde el gobierno conducía el más escandaloso acto de corrupción oficial, conocido como el caso Odebrecht.
Prueba de que esa decisión procura la impunidad frente al cohecho, es la connivencia del procurador general Jean Alán Rodríguez, al presentar ex profeso un expediente mostrenco, pusilánime, anémico…
Hemos visto, además, cómo el poder mediático del gobierno se usa para dar mayor relevancia a penosos hechos de la crónica roja, la propuesta de modificación constitucional, así como el tema del narcotráfico.
Nada de esto es nuevo, si tenemos en cuenta que el control social se logra con la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los temas de mayor importancia a otros de menor relevancia.
Con su poder mediático, las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación continua de distracciones sacaron el tema Odebrecht-Punta Catalina de los medios bajo su dominio.
La estrategia inició al implicar a distintos sectores políticos y económicos en el escandaloso caso, y no incluir en el expediente a los principales sobornados, para luego tomar medidas blandas con los apresados.
Y esa maniobra la conocían casi todos los imputados, que decidieron guardar silencio, y que antes había sido roto por Temístocles Montás y el señor Ángel Rondón cuando se les dictó privación de libertad.
Igual estratagema aplica el gobierno haciendo coincidir en el tiempo el juicio de fondo y el proceso electoral, para distraernos y finalizar la farsa sin lágrimas ni aplausos, dando paso a la corrupción y a la impunidad.