De ser aprobada la reforma fiscal, que trata de imponer el gobierno de Danilo Medina, no sólo profundizaría el empobrecimiento de las grandes mayorías, sino que sería un tributo más al saqueo de los recursos públicos durante los gobiernos de Leonel Fernández, quien a cambio disfruta de absoluta impunidad.

El doctor Merengue ha dejado un déficit fiscal acumulado de un 8% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 178 mil millones de pesos, que su relevo peledeísta reconoce e intenta cargar a los de abajo.

Aprovechando la dispersión de la oposición política, el oficialismo trata de convencer del sacrificio a los que menos pueden, mientras los que desvencijaron el erario ponen a buen resguardo sus fortunas.

Es la historia de nunca acabar. Durante los procesos electorales, la partidocracia ofrece villas y castillos, los incautos les ofrecen el voto, para que desde el poder continúen el abuso, como lo es este paquetazo fiscal.

Mientras tanto, en el Palacio Nacional siguen dando luz verde a las pensiones privilegiadas, salarios millonarios, nepotismo y pandillerismo; al incremento de los impuestos, gasto público y al dispendio.

Esa propuesta de reforma fiscal, que cuenta con el padrinazgo de grupos económicos y de la Iglesia Católica, debe recibir el más absoluto rechazo, porque elevaría de un 15 a un 20 por ciento el costo de la vida.

Se arriesga el gobierno de Medina a una vigorosa desobediencia civil, si insiste en apretar aún más el cinturón al pueblo dominicano, que viene sufriendo las abusivas administraciones del PRSC, PRD y PLD.

Las violentas protestas populares de 1984, durante el gobierno perredeísta que encabezó Salvador Jorge Blanco, pudieran ser juegos de niños comparadas con lo que sucedería si se sigue apretando la tuerca.