La ley número 12-06, la que violan olímpicamente el sector público y privado, contempla aspectos relacionados con el Sistema de Salud Mental. Esa Ley norma a favor del ciudadano el régimen de internamiento, cuidado asistencial y de rehabilitación. De igual manera, en el capítulo II del título IV, artículo 79, obliga a la atención primara en salud mental.

A ello deben ceñirse las instituciones prestadoras de servicios de Salud Pública y privadas, las cuales deben disponer de los recursos para garantizar la promoción de salud y la protección específica.

Cierto que en el mes de octubre de 2006 las autoridades estatales iniciaron un programa de suministro de medicamentos psicotrópicos esenciales a los pacientes mentales.

Me refiero a los que se benefician de las Clínicas para Pacientes de Larga Evolución (CLIPLE), establecidas en el Distrito Nacional y en algunas provincias del país.

La cobertura es sólo para pacientes con Esquizofrenia y Trastorno Bipolar, pero es insuficiente dada la demanda de tantos ciudadanos.

El Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) vende algunos psicofármacos a los precios más bajo del mercado, pero debo recordar que las familias más pobres no pueden adquirirlos.

Por esa condición, muchos pacientes terminan desertando de las unidades de salud mental y del programa. Una buena parte de ellos no tiene ni siquiera transporte para llegar a los centros de atención.

Tengo bajo mi responsabilidad unos ocho mil pacientes con expedientes y sólo cerca de un 7% tiene acceso a los fármacos más importantes, y de forma irregular.

Entonces, estamos hablando de una gran tragedia. Y el Estado dominicano se ha limitado a aprobar una Ley de Salud Mental, para luego violarla consuetudinaria y flagrantemente.