Uno de los mayores retos que enfrenta cualquier legislador a la hora de trabajar una pieza legislativa, es que cuando esta se traduzca de letras en un papel a acciones concretas en la vida real, pueda tener un impacto real en el día a día de nuestros constituyentes.

De poco sirve plagar el Congreso de iniciativas de difícil o imposible ejecución, o peor aún, de proyectos que no pueden estar más distantes de las realidades que afrontamos.

Nuestro país es diverso y en él convergen muchas realidades sociales, por lo que para legislar a favor de todos los dominicanos es necesario tener a la mano datos precisos que permitan que la elaboración de políticas públicas sean decisiones informadas.

En los últimos años, hemos visto cómo la recopilación de información se ha vuelto uno de los activos más valiosos para la industria tecnológica y las empresas. Lo mismo debe suceder a nivel de gobierno, puesto que al conocer dónde están, y por qué se dan, ciertas fallas en el sistema, se pueden buscar soluciones atinadas y asignarles recursos de forma eficiente.

El uso efectivo de datos en la creación de políticas públicas no solo le da la oportunidad al Estado de resolver problemáticas, sino que permite que se tomen medidas preventivas para evitar situaciones futuras y medir el éxito de las políticas que ya están en funcionamiento.

Por ejemplo, si se recolectasen datos que evidencian un alto índice de problemas cardiovasculares en la población, el estado puede mejorar las unidades de cardiología de los hospitales públicos, pero además pudiese implementar programas de concientización sobre buena alimentación, programas deportivos o enfocar los programas de becas a especialidades de medicina cardiovasculares.

El Estado, a través de todas sus instituciones ya recopila grandes cantidades de información administrativa, mayormente para procesos y servicios rutinarios, por lo que existe una buena oportunidad para compilar y procesar esos datos de modo que tengamos un aprendizaje estadístico de ellos.

Otra de las grandes oportunidades que tenemos como país es el próximo Censo Nacional, en el que esperamos que sean recopilados datos sobre las personas con discapacidades cognitivas y situaciones de neurodiversidad como el autismo.

Estas familias usualmente tienen difícil acceso a diagnósticos oportunos, tratamientos de calidad y los medicamentos suelen ser de alto costo.

La intervención temprana en estas condiciones puede marcar una diferencia significativa en el desarrollo de los niños, por lo que es prioritario que el estado cuente con cifras actualizadas para que pueda tomar acciones informadas, inteligentes y concretas en el asunto.

Por: Orlando Jorge Villegas

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