Los familiares de los tres policías asesinados la madrugada del domingo pasado, en Los Girasoles, del Distrito Nacional, se quejaron de que la justicia no dictara orden de prisión como medida de coerción contra todos los inculpados.

Manifestaron su descuerdo con que el juez José Alejandro Vargas solo dictara prisión preventiva por un año contra al ex cabo de la Marina de Guerra, Janeiro Luis Monción Núñez y tres meses de cárcel contra Librado Jáquez Montero y en cambio dejara en libertad a Wilson Radhamés Florentino, acusados de las muertes del segundo teniente Mártires Pérez Díaz y los cabos José Arturo Ogando Ramírez y Roberto Otaño Medina.

En ese hecho también resultó herido el sargento mayor Alejandro Alcántara Mateo.

Los tres hombres fueron arrestados por la Policía a raíz del triple crimen, donde además resultó herido un sargento policial. Los fiscales adjuntos Agustín de la Cruz Santiago y Moisés Cordones, solicitaron un año de coerción para los tres sospechosos, argumentado que éstos, juntos a cuatro prófugos identificados como Franklin de la Cruz Martínez (alias Momolo), José Amauris Moya Cruz, Chepe y Alexis, emboscaron a la patrulla policial, la madrugada del pasado 12 de septiembre.

Según las investigaciones, los agentes se dirigían al destacamento de Los Girasoles en dos motocicletas cuando fueron atacados a tiros sorpresivamente por un grupo de hombres.

En la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público, representado por el fiscal adjunto José Agustín de la Cruz, del departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) establece que existen evidencias suficientes por las cuales se puede presumir que Monción Núñez, Jáquez Montero (El Grande) y Florentino Bueno, son responsables de los delitos que se les imputan.

Conmoción

El asesinato de los tres agentes policiales cuando participaban en un operativo contra un grupo de personas sospechosoas de haber cometido un atraco, conmovió la pasada semana al país y del crímen han sido acusados tres hombres contra los cuales no se dictaron orden de prisión como medida de coersión, como denunciaron los familiares de las victimas.