Sin poner atención al acuerdo entre el presidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que consignaba congelar en la Constitución la matrícula de legisladores, la Asamblea Revisora aumentó el número de senadores y diputados de 178 a 190.

Además de acentuar una condición macrocéfala que se atribuye al Poder Legislativo, los asambleístas ofrecen notación de que actúan sin orientación alguna o que no cumplen acuerdos pactados por instancias política o partidarias a las que deben adhesión.

Se sabe del derecho al libre albedrío de esos asambleístas, pero es menester señalar que en sociedades democráticas, la Constitución es siempre el resultado de la más amplia concertación política y social.

En vez de congelarse o de disminuir, la matrícula congresual se incrementa en 12 peldaños, siete de los cuales corresponderán a legisladores de ultramar y cinco a curules que se obtendrán por acumulación de votos.

El mentado pacto Leonel-Vargas Maldonado ha sido violentado o desafiado por las diferentes bancadas, en ambiente de dispersión e improvisación que ofrece la impresión de que todos actúan como chivos sin ley.

Prevalece el temor de que otras propuestas de modificación constitucional, pendientes de debates y aprobación, serían objeto de bailoteo por parte de intereses grupales o coyunturales insertos en la Asamblea Revisora.

Se ofrece la impresión de que el presidente Fernández, el ingeniero Vargas Maldonado y la dirigencia partidaria, han perdido el necesario control sobre sus asambleístas.

No se aspira a que en el Salón de la Asamblea Nacional se instale un mecanismo de aprobación o rechazo por control remoto, pero en ningún modo resulta saludable la sensación de desorden o anarquía que se observa en los trabajos de modificación constitucional.

Temas pendientes, como la propuesta de creación de una Sala Constitucional o el que fija el número de miembros de la Junta Central Electoral, no deberían ser guillotinados por intereses ajenos al bien común.