Para cumplir la promesa presidencial de que “no habrá impunidad para la corrupción del pasado ni tampoco para la que se cometa en el futuro”, se requiere que todos los actos del procedimiento para identificar ese tipo de ilícito penal estén en absoluta armonía con la ley, el Ministerio Público y el Orden Judicial.

A la prensa ni a las redes sociales les corresponde el rol de fiscales, jueces, policías o verdugo en improvisados procesos mediáticos, donde muchos asumen el papel de verdugos de reputaciones ajenas, sin que las víctimas puedan invocar el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Los medios de comunicación, periodistas y comunicadores tienen siempre el compromiso de socializar noticias o denuncias con relativo sustento documental o probatorio sobre la comisión de actos de corrupción o peculado, sin creerse ni por un segundo que pueden colocarse toga y birrete.

Se pone de ejemplo el caso de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien es objeto de escarnios en las redes sociales, al divulgarse rumores sobre el origen de sus bienes, lo que ha dado motivo al inicio de una investigación por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.

La presentación de declaración jurada de bienes, por funcionarios que ingresan o salen de la administración pública o de otros poderes del Estado, no erosiona el principio de presunción de inocencia ni revierte el fardo de la prueba, por tanto, inicialmente no es un delito tener mucho o pocos activos y pasivos.

Ante situaciones de notoriedad o sospecha de enriquecimiento ilícito o lavado de activos, las autoridades están compelidas a investigar y someter a la justicia a los responsables de la comisión de algún tipo de ilícito penal, pero siempre en absoluta observancia de los derechos del procesado y de las normas procesales.

No parece conforme con la ley el pedido formal que ha hecho la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, a la procuradora general, Miriam Germán, para que otorgue prioridad a la investigación sobre la declaración jurada de bienes de la ministra Taveras, porque puede interpretarse como una clara intromisión en los asuntos del Ministerio Público.

Ese caso y los de todos los que se identifiquen desde esferas administrativas o ámbitos particulares deben recorrer el trayecto en línea recta hacia el Ministerio Público, al que la Constitución le asigna la prerrogativa de investigar y someter a la justicia a imputados de peculado o corrupción, sin circos ni paredones.