La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía ofrecieron seguridades de que en los próximos días apresarán a más gente vinculada con el narco y microtráfico que operan en barrios populares, en lo que el jefe policial define como lucha sin cuartel contra ese mal.

Es obvio que la ciudadanía aplaude el combate que libran las autoridades contra capos de la droga que operan ese sucio negocio en la mayoría de los barrios populares del gran Santo Domingo.

Se requiere sin embargo, reflexionar sobre el hecho cierto de que el narcotráfico, recluta para su criminal empresa, a más jóvenes que los que apresa y somete la Policía y la DNCD.

Duele decirlo, pero en esos caseríos, cuyos habitantes parecen condenados a la marginalidad y abandono extremo, es larga la fila de muchachos que aspiran seguir el modelo de otros jóvenes inmersos en la droga, que en apariencia han escalado peldaños en la escalera social.

Aunque Policía y DNCD empleen todos los días del calendario, no podrán conjurar un mal que se anida con acendrada iniquidad, en la distribución del ingreso público, y en los referentes de impunidad y complicidad con la prevaricación; lavado de dinero, contrabando, evasión de impuestos y otros crímenes de cuello blanco.

La labor de las autoridades represivas, en contener el narcotráfico y crímenes conexos en barrios populares, ha de estar apoyada por auténticas políticas de inclusión social que ofrezca a la juventud de esas comarcas certidumbres de que son ciudadanos dignos y no prisioneros de ratoneras sociales.

A la par de la lucha contra el narcotráfico, deberían gobierno y sociedad acometer la tarea de erigir un verdadero estado de derecho que garantice a millones de marginados, libre acceso a la educación, vivienda, trabajo, recreación, justicia.

Se alienta a la DNCD y Policía a proseguir el combate contra ese crimen de lesa humanidad, pero se advierte que el narco se vuelve inmune cuando se anida en comunidades que padecen la más adyecta forma de explotación y marginalidad social.