La Sociedad Dominicana de Cirugía Estética (Sodocies) informó este martes que interpuso un recurso por inconstitucionalidad ante el Tribunal Contencioso y Administrativo (TCA) contra la “resolución” del Ministerio de Salud para que declare nula esa normativa que busca reglamentar a los profesionales del área.
El doctor Bernardo Pichardo, presidente de Sodocies, indicó que la disposición se emitió “en franca violación a la Constitución y las leyes, en un ejercicio a todas luces discriminatorio y abusivo de su poder reglamentario”.
Dijo que el recurso lo presentaron el 17 de este mes para que el TCA declare la nulidad de la Resolución 000008 de Salud Pública, emitida el 20 de marzo pasado y publicada el 24 en los medios de comunicación, donde establece requisitos al ejercicio profesional de los médicos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos.
En rueda de prensa expresó que esa resolución afecta a sus miembros, que son especialistas quirúrgicos, con maestría en cirugía estética, otorgada por una universidad reconocida oficialmente en México y certificados por el Ministerio de educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), “por tanto estamos autorizados a ejercer la cirugía estética oficialmente en toda República Dominicana”.
Los licenciados José Alejandro Ayuso y José Eliseo Almánzar, representantes legales de Sodocies, declararon que con esa resolución, Salud Pública viola los derechos fundamentales de los miembros de dicha sociedad, protegidos y garantizados por la Constitución, la ley de Libre Acceso a la Información, y a la Ley sobre los Derechos y Deberes de los Ciudadanos para con la Administración Pública.
Piden a la ministra de Salud Pública, derogar la resolución de marra para que no impide el ejercicio profesional de los médicos del área de cirugía estética, que se han especializado en universidades del mundo reconocidas, y que cuentan con el aval en el país del Ministerio de Educación Superior.
Indicaron que acudirán a cualquier instancia a fin de hacer valer sus derechos a trabajar de manera honesta y ganarse el sustento de sus familias, como lo establece la Carta Magna y las leyes del país.

