En la medida que se acercan las votaciones del 5 de julio, más interés cobra la organización del proceso. La Junta Central Electoral (JCE) ha garantizado que las votaciones serán un ejemplo de transparencia y equidad, pero aun así distintos sectores claman para que haya claridad y respeto en la expresión del voto.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se pronunció a favor de unas votaciones transparentes, limpias y bajo reglas de juego que se respeten, con las que dijo el sector empresarial está dispuesto a colaborar. Si en verdad se aspira a unas votaciones limpias y equitativas es necesario la integración de todos los sectores para remover los obstáculos que se presenten.

Entre las notas más perturbadoras que han asomado por ahora figuran las denuncias sobre el uso de recursos públicos y el reiterado interés de la oposición en la reestructuración del departamento de informática de la JCE.

En torno a los gastos de partidos y candidatos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha reclamado al organismo electoral actuar con firmeza. Como órgano rector de los procesos electorales la entidad exigió a la JCE que también verifique las situaciones que pudieran estar al margen de la ley e imponga las sanciones administrativas correspondientes.

Con la tensión que por diversas razones genera el actual proceso se tiene que velar para que la voluntad popular no sea vulnerada a través de ningún subterfugio. La preocupación en tal sentido de la sociedad civil representa un aporte más que necesario para unas elecciones limpias y equitativas.