Si no fuera porque así lo ha revelado el contralor general de la República, sería muy difícil creer que sin autorización de sus superiores un supervisor de esa dependencia disponga a modo personal la incautación de un lote de vehículos en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD).

Más escandaloso aun ha sido que ese funcionario de menor jerarquía usara el nombre de Yeni Berenice Reinoso, procuradora general adjunta, para advertir a generales retirados que actuaba en su nombre y que debían entregar esos bienes porque en caso contrario la magistrada los incautaría.

Catalino -Freddy- Hiciano, contralor general, dijo a los periodistas Huchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana, productores del programa El Día, que Joel Encarnación, supervisor de los equipos de auditores, fue quien dispuso por su cuenta confiscar unos 20 vehículos de uso de oficiales militares.

El mayor general retirado de la FAD, Rafael Betances Nivar, denunció que las incautaciones fueron realizadas por un civil, que dijo que actuaba en nombre de Yeni Berenice, con la advertencia de que si no aceptaban voluntariamente entregar esos bienes, los incautarían en la vía pública.

Encarnación participa en una auditoria que la Contraloría realiza a la Fuerza Aérea, que entre otras diligencias contables y administrativas, procura levantar un inventario sobre bienes de esa institución, pero la incautación de vehículos “no estaba en los planes”, según afirma el titular de esa dependencia.

Ha quedado establecido que la magistrada Reynoso no emitió ninguna orden a ese funcionario ni autorizó usar su nombre para decomisar bienes de la Fuerza Aérea y que tampoco lo hizo el contralor general de la República, quien afirma que el supervisor Encarnación actuó “a título personal”.

En momento cuando el Ministerio Público encamina procesos penales contra oficiales superiores y subalternos imputados en la comisión de corrupción y otros delitos, no parece gracioso que un funcionario use el nombre de una procuradora adjunta para encaminar por su cuenta una acción ilegal, abusiva, o al menos irregular.

Corresponde al propio Ministerio Público y a la Contraloría realizar una investigación de amplio alcance para determinar causas y razones de tan extraño proceder que degrada la función pública y desacredita el buen nombre de personas e instituciones oficiales.

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