Con el congelamiento por enésima ocasión consecutiva de los precios de los carburantes, el Gobierno propina otro golpe mortal a la Ley de Combustibles, concebida para resguardar la macroeconomía. Es comprensible que una o dos semanas los factores que determinan el reajuste no registren ningún tipo de variación. Pero el tiempo que lleva el Ministerio de Industria y Comercio sin subir ni bajar los precios convierte la legislación en letra muerta, o, en su defecto, en un instrumento que las autoridades utilizan a conveniencia. La prima del dólar, uno de los componentes para regular los precios, se ha mantenido estable, no así la cotización del petróleo y sus derivados, que se ha desplomado en los mercados. Pero como el Gobierno congeló los precios cuando los combustibles estaban en alza, máxime porque el aumento coincidió con la campaña electoral, ahora que están en descenso justifica el congelamiento con argumentos tan burlescos como que no ha habido variaciones significativas en los mercados de referencias. Puede deducirse que el Gobierno procura recuperar el sacrificio que hizo al mantenerlos congelados en la campaña.
