Página Dos

Cójanlo

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Tan suspicaz como la cancelación se ha tornado la demora que se atribuye a la Cámara de Cuentas para entregar las prestaciones laborales a unos 60 auditores, la mayoría con más de 25 años de servicios en la entidad. Para no ensombrecer más su imagen la Cámara de Cuentas es de esos organismos que debe administrarse, en todos sus actos, con el más irrestricto apego a la ley. Sin embargo, tanto con las cancelaciones, efectuadas en febrero de este año, como con la demora para  pagar  las prestaciones la entidad que dirige la señora Licelot Marte de Barrios ha dado lugar a interrogantes. Los profesionales no descartan razones políticas en su despido, dado que en el tiempo que llevaban no habían incurrido en falta alguna. Muchos piensan que la decisión fue ciertamente para evitar escándalos en medio del proceso electoral con posibles filtraciones de auditorías que dieran cuenta de irregularidades administrativas. Pero el caso es que los auditores todavía reclaman que se cumpla la ley  que consigna el pago de las prestaciones a los servidores cesanteados. Se supone que la Cámara de Cuentas dispone de los recursos necesarios.

El Nacional

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