Cójanlo

La decisión del presidente Danilo Medina de suprimir los aportes del Estado a los planes de pensiones no ha aplacado la indignación con el escándalo aflorado en la Junta Central Electoral (JCE). Más que moral, se trata de una estocada jurídica que jueces, algunos de los cuales presiden tribunales, se beneficien de pensiones ilegales. El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Castaños Guzmán, ha solicitado que la suya sea suspendida. Pero otros, como Mariano Rodríguez, presidente de la Tribunal Superior Electoral, han tratado simplemente de lavarse las manos. Rodríguez dijo que había solicitado una opinión para determinar si  la pensión como exjuez de la JCE era compatible con su sueldo.  Castaños Guzmán y Rodríguez no son los únicos que, además de la pensión, cobran por las funciones públicas que desempeñan.  El caso de otras entidades públicas no tiene la misma connotación que el hecho de que jueces, cuya misión es aplicar la ley, se beneficien de pensiones ilegales. El asunto no es moral.  Bien procede una investigación para transparentar, de acuerdo con la ley, actos a todas luces ilegales y bochornosos.