Cójanlo

El Defensor del Pueblo es una figura que en muchos países cumple una valiosa función contra los abusos de poder. Pero aquí, al menos por ahora, no hay garantía de que la instancia, consagrada en la Constitución, pueda llenar siquiera mínimamente su cometido. Por esa razón su designación debe esperar hasta que haya condiciones siquiera mínimas de que, en lugar de un aliado de los derechos ciudadanos, no operará como un brazo del poder. Amén de lo costoso que resultaría al contribuyente, pues ya sólo para su titular se ha contemplado una bicoca de 250 mil pesos mensuales. De hecho, no sorprende que haya tantos interesados en ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, aunque no exhiban más credenciales que su relación con el partido en el poder. La mayoría de los que cabildean el puesto no se han caracterizado precisamente por su sentida defensa de los derechos de la ciudadanía. Las excepciones son sólo para confirmar la regla. Para profanar una entidad con designaciones inadecuadas, que en lugar de confianza lo que despierten sea sospecha, lo mejor es esperar. No precipitar los acontecimientos.