Uno de los alegatos del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana para justificar la suspensión del alcalde Juan Antonio Adames es que empleados de una planta televisiva de su propiedad son pagados o cobran en el Cabildo. ¿Cuántos casos similares se registran en la Administración Pública? De seguro que no son dos ni tres.

El carácter unánime de la decisión contra Adames, quien ha estado en el centro de varios escándalos por supuesto manejo irregular de recursos públicos, le confiere una trascendencia que va más allá de las meras intrigas políticas.

El caso, que constituye un ejemplo, tiene una repercusión extraordinaria para la moral pública. Ediles del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), al que pertenece el destituido alcalde, avalaron una resolución histórica, con la que se envía un mensaje a la Procuraduría General de la República como representante de la sociedad, pero también a los demás alcaldes cuestionados por enriquecimiento ilícito, prevaricación o la comisión de irregularidades administrativas y financieras durante sus gestiones.

El gesto de los regidores de La Romana es alentador, pues alguien tenía que comenzar por enfrentar una impunidad que causa tanta irritación en una impotente ciudadanía.