Cójanlo

Que la educación privada sea un negocio no justifica los abusos ni la especulación con los precios de los uniformes y los libros de textos de que son víctimas los sufridos padres de familias. Las autoridades pueden evitar la expoliación con regulaciones que impidan a los poderosos dueños de los centros imponer sus propias normas.

 Se trata de una forma de purgar su responsabilidad, pues es bien sabido que las deficiencias de la enseñanza, la precariedad de las escuelas públicas y en ocasiones hasta los gastos en que se incurren no dejan más opciones a los padres que recurrir a los colegios privados para garantizar la educación de sus hijos. Además de una tarifa excesiva, que no siempre se corresponde con la calidad de la enseñanza, los tutores son obligados a adquirir los uniformes y los libros a precios que están muy por encima del mercado.

 Como no existe necesidad de cambiar todos los daños los uniformes y libros de textos, son aspectos en los que por lo menos pueden intervenir las autoridades. La apertura del año escolar no puede convertirse en un trauma para unos padres que tienen que hacer de tripa corazón para que sus hijos reciban el pan de la enseñanza. Es un desafío que se tiene por delante y que es necesario enfrentar.