Lo más grave

Que los fiscales adjuntos no se sientan conformes ni representados por el procurador general de la República es un síntoma de malestar, pero no el peor. Después de todo, el Ministerio Público no es un sindicato como para que su titular vele por los beneficios e intereses de sus miembros. Cada adjunto tiene responsabilidades y deberes que le impone la Ley Orgánica 133-11.

Lo inquietante es que el procurador Francisco Domínguez Brito viole, como aduce la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, las propias leyes. Porque de ser así no tendría autoridad para actuar contra ningún ciudadano que haya vulnerado algún mandato legal.

Aun la violación que se le atribuya solo concierna al supuesto incumplimiento de concursos en la designación de representantes en las procuradurías especializadas que se han anunciado. Según la fiscal adjunta Yissel Acevedo de Jesús, quien habló a nombre de otros 96 adjuntos, Domínguez Brito ni el Consejo Superior del Ministerio Público respetan la Ley Orgánica.

Que los fiscales pudieran mentir por ignorancia o para defender sus demandas es grave, pero peor todavía que las autoridades superiores se aparten de los procedimientos que norman sus actuaciones.