Cójanlo

La cancelación del economista Hecmilio Galván como director de planificación del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) es, sin muchas vueltas, un acto de represión. Y más grave todavía si su despido se ha debido a que difirió de las cifras del ministro de Agricultura sobre la producción de leche en 2010. Salvador Jiménez había declarado que la producción en ese año había sido de 688 millones de litros, pero Galván explicó que conforme al registro de Conaleche la cantidad había alcanzado 528 millones. Es insólito que en lugar de admitir un posible error, el funcionario se decantara por un abuso de poder con una cancelación injusta. Si es así, se infiere que Jiménez alteró las estadísticas con el propósito de engañar a la opinión pública, lo que muy bien podía tipificarse de prevaricación. La aparente muestra de represión pública  ha dado lugar a que el presidente de la Asociación de Productores de Leche (Aproleche), Erick Rivero, denunciara, además de protestar por la cancelación, que el ministro de Agricultura  sobrepasa los límites de sus funciones como presidente de Conaleche.