El caso del imputado Pascual Cordero Martínez (El Chino), a quien un juez le cambió la medida de coerción de prisión por una fianza, ha restaurado una práctica que se creía sepultada para justificar los desacatos judiciales.

Tras ser puesto en libertad de inmediato se le detuvo por otra acusación que se fabricó en el camino. Como ocurrió en una época con los dirigentes de izquierda cuando, por presión de la opinión pública, no quedaba otra opción que libertarlos.

Sin embargo, una vez puesto un pie en la calle eran reapresados por otra cosa. Sin detenerse a investigar por qué se dejó vencer el plazo para formular cargos a Cordero Martínez, detenido por narcotráfico y lavado de activos, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, la emprendió contra los jueces. Ya que Domínguez Brito no lo hizo, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, debe aclarar a qué se debió que después de declarar complejo el expediente contra el imputado no se le pudieron formular cargos. Es obvio que algo falló, por lo que a la juez de instrucción no le quedó otra opción que aplicar la ley.

El imputado será todo lo que quieran las autoridades, pero las interrogantes van camino de convertirlo en una víctima.