Acuerdo forzado
Alguien medió para el acuerdo a que arribaron la procuradora de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Sourelly Jáquez, y el agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) con quien había protagonizado un incidente. A leguas se nota que de otra manera la representante del Ministerio Público no hubiera retirado la querella contra Richardson Saba Núñez, a quien una juez impuso un mes de prisión como medida de coerción..
Ninguno de los dos ni siquiera se miraron cuando se anunció un acuerdo que tampoco despeja las reflexiones sobre un incidente en que asoman, además de las bruscas maneras de aplicar la ley, la prepotencia. Pero el detonante que generó indignación en amplios sectores fue la evidente drasticidad de la prisión del agente como medida de coerción.
Todavía Saba Núñez se excediera en sus atribuciones no es para que se le encarcelara, como si se le quisiera dar una lección. ¿O es que acaso se temía que pudiera fugarse del país para evadir el proceso? Con el acuerdo tal vez se quiso aplacar el ruido que el caso había generado. En diferentes lugares se abordaba el caso con la conclusión de que el agente había sido víctima de un abuso de poder.

