A pesar de lo preocupante que resulta, la autorización del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) para que se inviertan los fondos de pensiones en bonos del Estado no ha merecido mayor atención.

Es como ni siquiera a la clase trabajadora le importara un comino el destino de los recursos aportados para garantizar su retiro. No hay que ser ningún experto para darse de cuenta de que por las condiciones financieras en que está el país supone mucho riesgo la operación autorizada por el CNSS. Tras el déficit y la reforma fiscal ha quedado de manifiesto la necesidad de recursos del Gobierno.

Los bonos, aunque cuenten con sonoros defensores de viejo y nuevo cuño, son un gran riesgo.

El mejor ejemplo es el caso de Argentina, que ahora mismo enfrenta una litis internacional por unos papeles que no pudo renegociar. Los fondos de pensiones no deberían, por lo tanto, comprometerse en la compra de instrumentos financieros emitidos por el Gobierno. Por más que se alegue que la inversión favorece su rentabilidad, se trata de una operación muy delicada. Los gobiernos no inspiran confianza, por más responsables que sean. No ha sido la mejor decisión.