Espanto y brinco

Las anomalías que han salido a relucir en la Jurisdicción Inmobiliaria son tan alarmantes que comprometen la imagen del país. El caso de que la firma de la exdirectora del Tribunal de Tierras, Carmen Lora Iglesias (Picky), quien falleció en 2009, aparezca en un documento de deslinde del 20 de junio de 2014 refleja la dimensión de las irregularidades en el organismo.

Por los líos han sido suspendidos 19 empleados y tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, como el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, han ordenado una investigación para establecer responsabilidades.

En esa investigación, que además tiene que contemplar medidas para transparentar las operaciones del departamento inmobiliario, no puede quedar ningún cabo en el aire. A pesar de las reiteradas denuncias, el escándalo lo detonó el registro de unas ventas fraudulentas con la aparente complicidad de empleados del departamento de mensura catastral de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Se descubrió que se había registrado una hipoteca con fecha de 2007 a nombre de una empresa constituida en 2011. El daño no es poca cosa.