Con la irritación creada por el escándalo de las pensiones, es una burla que funcionarios, jueces electorales y diplomáticos cobren todavía por ese concepto una retribución que no les corresponde. Como si estuvieran por encima de la ley, las ministras de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Josefina Pimentel y Lidia Amada Melo, ni siquiera se han dado por aludidas frente al bochorno de las pensiones irregulares de que disfrutarían.

Tampoco, de acuerdo con una relación difundida por el digital Acento.com, el embajador en Holanda, Luis Arias, ni la juez del Tribunal Superior Electoral, Leyda Piña. Todos reciben su pensión y su salario como servidores públicos.

Pero también Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, quien para colmo devenga 140 mil pesos mensuales como director de una entelequia que no debe existir, como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).

Otro que recibe su pensión y su sueldo es el director de la Defensa Civil, Luis Luna Paulino. Por la presión de la opinión pública muchos funcionarios han renunciado a la retribución que recibían de manera ilegal, pero los citados por Acento.com no han hecho el menor caso. Ni siquiera para guardar las apariencias. Si todo es verdad.