Ley frustratoria

Los múltiples cuestionamientos son la mejor muestra de que la Ley de Régimen Electoral, para colmo aprobada al vapor en ambas cámaras legislativas, está muy lejos de lo que se esperaba. A los diversos flancos se han agregado las objeciones a la dependencia de la Procuraduría General de la República del fiscal electoral.

Podría bastar con que el designado asumiera sus funciones con la debida responsabilidad, pero no hay la suficiente confianza.

Entonces, si el fiscal electoral no va ser independiente, como se sabe y ha reconocido el senador José Rafael Vargas, ¿para qué se eligió? La figura, con el mantenimiento del voto de arrastre y la manipulación a que se presta la cuota de la mujer, está entre los puntos más conflictivos de la ley.

Conforme explicó el senador de Espaillat, el fiscal se regirá por las disposiciones de la ley orgánica del Ministerio Público.

O sea, que se trata de un cargo político, lo que significa que la persecución de los delitos electorales estará condicionada. La imparcialidad es fundamental.

Deja mucho que desear, es la verdad, que después de tanto tiempo terminara mutilándose un proyecto digno de mejor suerte.