Más que forma

Que algún funcionario público respalde a un candidato oficialista no debería ser motivo de preocupación. Pero nadie es tan bobo ni tiene sus pies en las nubes como para ignorar que la intervención de los funcionarios en los procesos internos de su partido o en contiendas nacionales implica el uso y abuso de los recursos públicos.

Se trata de una práctica que riñe con la Constitución, la Ley de función pública y la de partidos políticos, pero sin que nadie se ocupe de frenarla.

A lo más que se llega son a exhortaciones o simplemente a negar, a manera de burla, lo que está a la vista. Ante la incursión de funcionarios a favor de Gonzalo Castillo en la lucha por la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el movimiento Participación Ciudadana ha reclamado que renuncien o, en su defecto, tomen licencia.

Aunque no ocurra ni una cosa ni la otra, la utilización de recursos del Estado constituye una estocada al debilitado sistema institucional. La Junta Central Electoral (JCE) tiene que jugar su papel garantizando la equidad, actuando contra el uso de fondos no transparentados y reclamando explicaciones a los candidatos a cargos electivos.