La escuela de sordomudos es uno de esos centros que cumplen una inestimable labor social en beneficio de un amplio segmento de la población. Pero la falta de recursos se ha convertido en un obstáculo de tal magnitud que la escuela, que cuenta con unos 1,600 estudiantes, está a punto de desaparecer. Es obvio que los padres o tutores de la inmensa mayoría de los alumnos con dispacidad no están en condiciones de costear el tratamiento en otros centros especiales. Esa realidad indica que el eventual cierre sería un golpe mucho más fuerte que el alza de la tarifa a que se ha visto compelido. La escuela recibe una subvención de apenas 300 mil pesos mensuales, pero los gastos superan los 500 mil. Para prolongar la agonía ha habido que incrementar la tarifa en una proporción que algunos padres no soportarán. El Gobierno debe impedir que una entidad que presta un servicio tan necesario en la formación de discapacitados pueda desaparecer por falta de unos cientos de miles de pesos. Su discurso a favor de la educación debe ponerlo de manifiesto con el respaldo financiero a centros como la Escuela Nacional de Sordomudos. Que tanto lo necesitan.
