CÓJANLO

Recusación suspicaz

La Procuraduría General de la República provoca suspicacias cuando recusa a dos juezas del caso Odebrecht por supuesta parcialidad a favor de los imputados por los 92 millones de dólares en sobornos pagados por la compañía para la adjudicación de obras públicas. La decisión es otro eslabón de una cadena de contratiempos que ha tenido la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) que comenzaron a evidenciarse con la deposición de los testigos brasileños. El titular de la Pepca acusó a las magistradas Tania Yunes y Jisell Naranjo de favorecer a los encartados con sus últimas decisiones. Sin entrar en consideraciones al respecto, parte de lo que se ha visto es que ni siquiera los analistas financieros presentados por la Pepca han validado en toda su dimensión las pruebas contra los encartados que sustentan el expediente. Hay quienes no descartan que la recusación, en caso de no prosperar, se reduzca a un mecanismo de presión para ganar tiempo y tratar de incidir en el ánimo de las magistradas cuando se reanude el proceso. Pero la realidad es que en el caso la Pepca no las ha tenido todas consigo.