El voto preferencial fue una magnífica iniciativa para dar oportunidad al electorado de seleccionar sus candidatos congresionales. Pero la realidad indica que el proyecto se ha desnaturalizado.

Por la permisividad que propicia la debilidad institucional los aspirantes con más recursos económicos son los que cuentan con más posibilidades de imponerse al electorado.

Es obvio entonces que la Junta Central Electoral (JCE) tiene que intervenir para corregir la distorsión en que ha caído el sistema preferencial. Gente respetada, de pulcra trayectoria, sucumben frente a cualquier truhán dispuesto a invertir una fortuna en compra de votos.

Los partidos no cuentan siempre con mecanismos para depurar a los aspirantes, ni siquiera a través de algo tan simple como una prueba antidoping.

El tribunal tiene que explorar una salida adecuada a los inconvenientes que plantea el voto preferencial. Bajo el actual modelo no es verdad que el sistema cumple su cometido. Es más factible que los partidos carguen con la responsabilidad de sus candidaturas.

Lo ideal sería que la revisión del esquema de elección esté acompañada de una reformulación del sistema de partidos, al menos en lo que respeta a la asignación de recursos y la presentación de candidaturas.

Es como fomentar el parasitismo y el despilfarro que entelequias que jamás han concurrido a un proceso con candidaturas propias, se beneficien de recursos públicos. Si la Junta quiere transparentar y mejorar el ejercicio del sufragio no puede andarse con contemplaciones.