Suena más a burla que a cualquier otra cosa que el Ministerio Público apelara la sentencia que descargó a cuatro venezolanos acusados de narcotráfico, después que éstos habían salido del país. ¿Cómo puede explicarse? Sin duda que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, tendrá que aclarar el nuevo escándalo en torno a la liberación de los imputados. Se presta a toda suerte de suspicacia que el fiscal de San Pedro de Macorís recurriera la sentencia a favor de Kenneth Méndez, Gustavo Armaig Martínez, Franklin Antonio Armada y Bárbara Susana después que habían dejado el país. Y más extraña se torna la decisión después que los imputados fueran liberados precisamente por falta de pruebas. Los extranjeros habían sido sometidos con relación a un cargamento de cocaína incautada el 15 de diciembre de 2011 en un avión pilotado por Méndez. Tras ser condenados a 30 años de prisión por un tribunal colegiado de Higüey, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís los puso en libertad y ordenó la devolución del avión y otros bienes, por supuesta falta de pruebas. Con la salida del país el caso se torna digno de investigarse.
