Por falta de recursos la Junta Central Electoral (JCE) ha tenido que elevar la tarifa de los servicios y cerrar las oficinas que operaban en el exterior. Por las mismas razones ha tenido que suspender la expedición y renovación de nuevas cédulas de identidad y electoral.

A pesar de la falta de recursos, la JCE no ha escatimado en disponer de 2.5 millones de pesos para financiar cursos en el exterior a funcionarios, políticos y comentaristas. E

l procedimiento es tan cuestionable como el gasto, contra el cual se han levantado los magistrados José Angel Aquino y Eddy Olivares. Deja mucho que desear que un organismo que tiene que ver con la organización de elecciones se preste, como advirtieron Aquino y Olivares, a prácticas ilegales para beneficiar a alguien en particular.

Los magistrados consideran ilegal la sesión del Consejo Académico de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, donde se tomó la decisión que tanto revuelo ha causado. ¿Acaso no cuentan los beneficiados con otros medios para superarse, si en verdad de lo desean, que no sea con cargo al contribuyente? La JCE debe escatimar.