Las preocupaciones que han salido a relucir comprometen al Gobierno a hilar fino para que el plan de incentivo a la construcción no se convierta en una estocada para la industria nacional.

La intención es saludable y la construcción requiere de vigorosos estímulos, tanto para dinamizar la economía, como para facilitar la entrada al mercado inmobiliario de nuevos adquirientes.

Pero los beneficios que se obtendrían con los estímulos a las viviendas económicas podrían perderse en empleos e ingresos fiscales de no actuarse con equidad en el uso de los materiales de construcción.

Desde ya ha surgido el temor de que la exoneración del Itebis, del impuesto sobre la renta y otros gravámenes sean aprovechados por traficantes inescrupulosos para inundar el mercado de materiales importados.

Sería como desvestir un santo para vestir a otro, lo que no se puede descartar bajo un sistema tan especial, con reglas de juego tan vulnerables, como que el rige en República Dominicana. La experiencia habla por sí sola.

De hecho, los temores surgen precisamente de la experiencia con distorsiones en el mercado generadas en el pasado por medidas similares. Amén de que a todas luces es contradictorio de que un producto tenga tratamiento fiscales diferentes.

Realidades lacerantes indican que el Gobierno tendrá que hilar fino para evitar que su política de incentivos marque el réquiem de una industria que por demás está en capacidad de suplir en calidad y cantidad a precios competitivos todos los materiales que necesite el programa.