La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) ha hecho una grave alusión al justificar la suspensión de la venta de combustibles en estaciones del Nordeste. No hay ni siquiera que hacer el menor ejercicio para captar su alcance. Dijo que Industria y Comercio, vía el Plan Regulador, tiene una embestida de cierre ilegal e inconstitucional de las estaciones afiliadas a Anadegas, que son militarizadas sin la orden de un juez si no pagan un 50% en cheque y el resto en efectivo, sin emitir recibo, que ha impuesto mediante la resolución 332-11, lo que evidencia una práctica de corrupción. Aunque se llegue a un arreglo que normalice las relaciones entre Industria y Comercio y Anadegas, la denuncia, en aras de la transparencia, debe investigarse.
Aun pueda tratarse de un caso aislado es inconcebible la extorsión denunciada por los detallistas de gasolinas, que figura entre las razones por las cuales suspendieron durante ocho horas la venta de combustible en estaciones de San Francisco de Macorís, Salcedo, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná. Sin importar que sea legal o ilegal la resolución objetada.
