Entonces, el expediente sobre la muerte del periodista Gregorio García Castro, que durante un largo tiempo había sido dado por extraviado, lleva unos cinco años en la Procuraduría General de la República. Bastó con que su titular, Francisco Domínguez Brito, dispusiera una investigación para que la pieza fuera encontrada de inmediato, como por arte de magia.
El expediente no había sido tocado desde que la Suprema Corte de Justicia lo remitió para fines de opinión de un recurso de revisión interpuesto por la familia de García Castro sobre la sentencia que descargó a los acusados del crimen, los agentes de la Policía Milton de la Cruz Lemus, José Rafael Pérez Pereyra y Juan María Arias Sánchez.
Pero nadie sabía nada. Y de no ser por el interés puesto por El Nacional lo más probable es que el expediente hubiera seguido engavetado, sin hacer el menor caso a la demanda de justicia ni al dolor de los parientes de García Castro. Como si se tratara, más que de simple negligencia, de una cruel burla. La prontitud con que la pieza ha sido localizada cuestiona el sistema de justicia y al propio Ministerio Público como representante de la sociedad.
