La historia vuelve a repetirse con el préstamo de 1,200 millones de que ha autorizado el Congreso para que los ayuntamientos entreguen el sueldo 13 a sus empleados. Antes que conceder una facilidad que ya es parte de la tradición lo indicado sería que los congresistas pidieran cuentas a los cabildos sobre las razones que les impidieron otorgar la regalía pascual con sus propios recursos.

Pero el gran conflicto está en que los legisladores carecen de calidad para reclamar eficiencia a ningún ente público, dado que lo menos que han hecho es cumplir con sus funciones.

Los escándalos, además de legislar para sí mismos, han sido la nota que caracterizan la función legislativa. Pero a los cabildos se les tiene que reclamar cuentas, pues no se puede alegar que la imposibilidad para cumplir con el sueldo es resultado de la violación del Gobierno a la ley que les concede un 10 % del Presupuesto.

Con la ineficiencia administrativa que norma la inmensa mayoría de los cabildos si en lugar de un 10 se les otorga un 20 % el problema es el mismo. Porque los cabildos, lo mismo que todo el sector público, constituyen un barril sin fondo en materia de gastos.