Las transacciones fraudulentas cometidas con la tarjeta de ayuda social Supérate fueron hechas en horarios de 10 de la noche a 07 de la mañana, durante el tiempo en que los colmados suplidores se encontraban cerrados, al parecer para no despertar sospecha de las autoridades.
El dato está consignado en la solicitud de medida de coerción hecha contra los imputados por la Fiscalía de Santo Domingo Este, quien procedió a someter a un grupo de propietarios de colmados del municipio La Victoria y de Santo Domingo Norte, luego de que fueran apresados por la Policía.
Según la solicitud de medida de coerción, los hechos delictivos habrían ocurridos durante el período comprendido entre el 18 al 20 de febrero, en horarios irregulares, en violación al reglamento de la Red de Abastecimiento Social.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción a los 6 imputados en la denominada operación 3.0, tarjeta Supérate, fue reprogramada para el domingo 20 de marzo.
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, Bernardo Coplyn, aplazó para esa fecha a solicitud de los abogados de la barra de la defensa.
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Los abogados de los imputados justificaron su petición en la necesidad de obtener mayor conocimiento del caso para poder presentar los presupuestos en favor de sus defendidos, lo que fue acogido por el juez.
Los imputados son Ydalisis Maribel López, Yanilda Altagracia Ramírez Herrera, Jonathan Martínez, Juana Felicia Guillén, Odalia Florentino y Bernaldo Santiago Hernández Concepción.
Se le acusa de clonar miles de tarjetas Supérate, juntamente con un promedio de 40 personas a las que se les ha impuesto medida de coerción por estafa al Estado dominicano.
Además de estas personas, propietarias de los comercios Almacén El Pache, Súper Colmado Gloria, Súper Colmado Gael, Colmado Juana, Colmado Melinda y Colmado Hernández, respectivamente, están prófugos Santa Helena Geraldo, Francisca Mambrú Ramírez, Jorge Emilio de Jesús Rodríguez y Leonardo Heredia De La Rosa, contabilizando un total de 10 personas señaladas, hasta ahora, como los supuestos responsables de esta nueva estafa a los programas sociales gestionados por las instituciones que conforman el Gabinete de Políticas Sociales.
