El presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC, Antonio Ramos, dijo que la gracia otorgada por las cadenas de tiendas a sus clientes al asumir el alza del ITBIS durante el mes de enero representa un sacrificio de unos tres mil millones de pesos.

Afirmó que esos recursos tendrán que ser pagados por los empresarios al Gobierno durante este mes, pero que lo hacen como un aporte a la sociedad. Agradeció el gesto humilde del presidente Danilo Medina, de saludar el aporte que a través de la medida han hecho los empresarios del país y consideró que eso habla muy bien del mandatario de la nación en términos de reconocer los aportes que los hombres de empresa hacen a la República Dominicana.

También saludó las visitas sorpresa que el Presidente está realizando a comunidades del país y los concursos que ha autorizado para la ejecución de obras en todo el territorio nacional, cosas que, afirmó, ayudarán a dinamizar la economía nacional en medio de la presente aplicación de reforma fiscal.

Ramos se mostró de acuerdo con el inicio de las discusiones para que se produzca una revisión del salario mínimo a través del Comité Nacional de Salarios, en base a los índices de inflación acumulados en el país.

El dirigente empresarial sostuvo que es al Gobierno a través del Comité Nacional de Salarios a quien corresponde convocar a las partes para que se sienten en la mesa del diálogo a discutir el aumento salarial al sueldo mínimo como establece la ley.

Ramos consideró que la convocatoria del Comité Nacional de Salarios se podría producir en cualquier momento, debido a que ya ha vencido el plazo de dos años que establece la ley para revisar la escala mínima de salarios.

Dijo que el empresariado no tiene inconveniente en sentarse en la mesa del diálogo para analizar las diferentes variables que permitan conceder un aumento justo en el nivel salarial mínimo, como establece la ley.

Ramos habló en el programa Agenda Semanal, que produce el periodista Balbueno Medina.

Asimismo, se mostró partidario de que el Gobierno mantenga una posición definida respecto a la migración haitiana, estableciendo los controles que permitan regularizar la presencia de la mano de obra haitiana en la República Dominicana.