La comisión especial de diputados que investiga el impasse en la Junta Central Electoral (JCE) ya tiene la decisión de mantener inalterable la composición del organismo, sin juicio político contra sus miembros, al ver como normal las disidencias, según se supo en fuentes legislativas.

El diputado Cristian Paredes, miembro de la Comisión, anunció ayer que está redactado el informe y que el objetivo es entregarlo hoy y que sería dado conocer al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez y los demás miembros, sin entrar en detalles de lo que se acordó.

Sin embargo, se tiene la información de que los nueve diputados que desde el 15 de mayo discuten la polémica entre el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, y los miembros José Angel Aquino y Eddy Olivares, recomendarían constituir un pleno paralelo de seguimiento interno que supervise las actuaciones de sus miembros y tratar de evitar así nuevas confrontaciones entre los miembros de la JCE.

Tras varias reuniones deliberativas donde se impuso la decisión de la mayoría de los miembros de la comisión de diputados, que encabeza Henry Merán, que favorecen la permanencia en la JCE de los miembros José Angel Aquino y Eddy Olivares, centros de debates por sostener que existe en el organismo 22,673 expedientes de personas de ascendencia haitianas y amonestar públicamente al presidente Roberto Rosario Márquez, por entender que los dos magistrados manejan la disidencia de manera correcta.

República Dominicana fue sometida por organizaciones pro haitianas ante el Comité Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por la negación de documentación en la JCE a los más de 22 mil de dominicanos de ascendencia haitiana, a quienes le pidió amparo para evitar su deportación.

Uno de los miembros de la referida comisión de la Cámara de Diputados que objeta la creación de un pleno paralelo, destaca que esa decisión sería una violación a la Constitución, porque le otorga a la JCE autonomía.