Los numerosos estudios que se han realizado a nivel mundial sobre el origen y desarrollo de los crímenes y delitos, concluyen que se deben a problemas multifactoriales, tales como la educación, el desempleo, la falta de oportunidades, la corrupción y la desigualdad social, entre otros.

Los marxistas lo resumen en que los mismos tienen una relación estrecha entre causa y efecto, refiriéndose directamente al ejercicio del poder político.

Los regímenes presidencialistas, como el nuestro, cuyos gobiernos son esencialmente reformistas, en la definición estricta del término político, se pueden realizar cambios lentos que pueden propiciar un clima de superación en los puntos débiles de las estructuras del Estado, dándole a la sociedad un mayor respiro a los problemas que la agobian sistemáticamente.

De acuerdo con Barómetro de las Américas, República Dominicana ocupo el quinto lugar entre 25 países encuestados por delincuencia, solo por debajo de Perú, Ecuador, Argentina y Venezuela. Tres países caribeños fueron clasificados con peldaños más bajos. Se trata de Trinidad y Tobago, Guyana y Jamaica.

El informe destaca que el país tiene una tendencia similar del periodo 2010-2014, a la victimización individual por delincuencia.

El Código Procesal Dominicano, desde su promulgación, ha sido el canal que ha permitido que casi el 100 por ciento de los delincuentes estén en las calles, por la decenas de vías que le permiten al juez, al momento de ordenar una medida de coerción, disponer su libertad mediante una garantía económica, impedimento de salida del país o su presentación periódica ante una autoridad competente.

Cuando el tribunal impone prisión preventiva, la misma es revisada ante de tres meses y variada para el imputado pueda salir de la cárcel.

En el año 1983, quien escribe fue juez interino de la entonces Quinta Cámara Penal del juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y conoció un caso en el que un padre violó a su hija menor de 12 años, aprovechando que la niña lo visitaba en una pensión. El Código Penal sólo estipulaba una sanción máxima de cinco años y me indigné con la propia normativa, algo abstracto, pues deseaba imponer un castigo mayor. Los Códigos limitan la facultad de los jueces.

Creemos que los imputados de hechos graves deben de ir a la cárcel, sin tener la oportunidad de una medida de coerción blandengue.

Asimismo, deben de eliminarse del Código Procesal Penal los artículos que les confieren atribuciones a los fiscales para hacer acuerdos con los delincuentes y reducir las penas y suspender las ejecuciones de las sentencias.

Los crímenes y delitos se disminuirían sustancialmente, restableciendo la querella directa ante los tribunales y los juzgados de la instrucción, pues las víctimas no tendrían que recurrir al Ministerio Público en búsqueda de una justicia rápida y eficaz.