La habitual queja por los pocos recursos asignados al Poder Judicial repetida por el Magistrado Mariano Germán el pasado domingo tuvo la curiosa respuesta del director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Rafael Paz. Y digo curiosa porque por un lado es la primera vez que recuerde que esto se aborda desde el ángulo de competitividad, y por el otro, lo planteado por el Sr. Paz contrasta radicalmente con lo que el 25 de enero del 2017 dijo el CONEP en una reunión con el Presidente de la SCJ a la que él asistió como uno de los representantes de esa entidad.

La respuesta del Director Ejecutivo de Competitividad tiene sus puntos válidos. El Poder Judicial debe ser más proactivo en la implementación de las mejoras que debe asumir, y yo agrego que probablemente algunos de los problemas del Poder Judicial pueden ser resueltos con los recursos que ya recibe, los cuales hoy en día nominalmente duplican los que recibía en el 2012.

Dicho lo anterior, entiendo que el Sr. Paz no fue enteramente justo con la realidad del Poder Judicial. La Justicia en nuestro país pasó de recibir 0.85% del Presupuesto Nacional en el 2012 a recibir 0.91% en el 2018, lo que hace del aumento sugerido por el Director de Competitividad, algo no tan significativo en términos reales. A modo de comparación vemos el caso de Costa Rica, citado por el Sr. Paz, que va a invertir 5.1% de su Presupuesto en el Poder Judicial, lo que dejaría a nuestra justicia corta en unos $34,500 millones del actual Presupuesto para “competir”.

Más aún, sacarle en cara el Índice Global de Competitividad al Poder Judicial tampoco es lo ideal. El lugar 127 que mencionó el Sr. Paz se refiere al “legal rights index” que mide el sistema legal de garantías y reestructuración patrimonial, cuyo atraso en gran parte es responsabilidad del Congreso. Lo mismo ocurre con la eficiencia del marco jurídico para solución de controversias (112) que se sigue manejando con códigos de procedimiento del Siglo XIX y el marco jurídico para impugnar reglamentos (115) que en gran parte está afectado por el arroz con mango administrativo creado por el Congreso.

Y es particularmente irónico de parte del CNC, como ente del Poder Ejecutivo, sacar en cara al Poder Judicial el mentado índice cuando el país aparece peor en temas como la eficiencia del gasto público (131), la independencia de la justicia (130) y favoritismo en las decisiones de oficiales del gobierno (136).

Estoy de acuerdo con el Sr. Paz en que la Justicia es clave para la mejora del país en sus índices de competitividad, que el período 2012-2017 ha traído un mejor trato presupuestario al Poder Judicial en comparación con períodos anteriores, y que este debe poner más de su parte para mejorar.

Pero no por ello podemos concluir que los recursos destinados a la Justicia son siquiera remotamente suficientes, o que el marco jurídico creado en el Congreso que se le ha endilgado interpretar es adecuado, ni que algún voodoo administrativo será suficiente para resolver sus problemas.

La Justicia requiere mucho más recursos de los que actualmente maneja para poder operar y dar lo que se espera de ella, y aunque ciertamente los problemas no se resuelven lanzándoles dinero, no es menos cierto que lo que está a la vista no necesita espejuelos.