No es tarea fácil dedicarse a combatir la corrupción administrativa en un país en donde parecería que un alto porcentaje de los individuos que conforman su clase política no les interesa para nada que se corte de raíz el crecimiento de tan desgraciado fenómeno.

Lamentablemente, siempre ese ha sido el comportamiento de nuestra clase política por más de medio siglo. Por supuesto, con la honrosa excepción del gobierno democrático de Juan Bosch en 1963, el primero después de la dictadura trujillista y que apenas duró siete meses, derrocado precisamente por actores corruptos que nunca aceptaron que la ética fuese la herramienta fundamental para hacer desarrollar el aparato administrativo de aquel entonces.

La clase política de hoy día debería esforzarse e incremental una cultura ética y transparente, rigurosa y férrea, hacia adentro de sus organizaciones, así, cuando llegue el momento de administrar el dinero del Estado, sus funcionarios puedan convertirse en eficientes y pulcros custodias de los fondos públicos; motivo más que suficiente para no ser cuestionados, de manera negativa, por la sociedad.

Por más críticas que recibe nuestra clase política, protagonista de todos los partidos, a ratos, se muestra indiferente y parece no estar observando el gigantesco manto de incertidumbre que viene arropando a nuestra nación. De ahí la falsa creencia, generalizada por cierto, de que todos los políticos son corruptos y de que se acercan a ella para enriquecerse y no para servirle a la sociedad.

El mensaje resulta muy sencillo: nuestra desacreditada clase política tiene que iniciar, lo más pronto posible, procesos continuos de educación política a todos los niveles, teniendo como eje fundamental la ética y la transparencia en el ejercicio gubernamental. Ese ha de convertirse en el compromiso número uno con la sociedad.