No hay que dar muchas vueltas para entender como un atentado a la seguridad jurídica y el clima de negocios la agresión de sacerdotes y comunitarios de Jacagua contra una empresa que realizaba estudios de suelo en la demarcación.

Si los integrantes del movimiento “Unidos Somos Más”, que lidera el padre Ramón (Nino) Ramos consideraba que los análisis eran violatorios de la ley no tenía más que recurrir ante las autoridades competentes.

Pero tomarse la justicia en sus manos, como hicieron los comunitarios al repahilar a los obreros y técnicos, es un acto de fuerza que atenta contra las leyes. Que los comunitarios estén en desacuerdo con las versiones de la empresa en el sentido de que los estudios están vinculados a la construcción de la autopista del Ámbar no justifica una agresión sobre la cual se debe actuar como mandan las propias leyes.

La encomiable defensa del medio ambiente del sacerdote Ramos no avala su apelación a la violencia para rechazar exploraciones mineras en Jacagua y otras zonas. Tolerar que se impidan estudios o exploraciones realizados conforme a las leyes es simplemente abrir las puertas para la entronización del desorden.

Además de impedir que se repita, sobre el incidente con la firma en Jacagua deben establecerse responsabilidades conforme al mandato de las leyes. Es más que obvio que el principio de autoridad no puede vulnerarse. Bajo ninguna circunstancia.