El asesinato de un abogado, crimen del que se imputa al director y a dos empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), ofrece al Ministerio Público y al orden judicial la oportunidad de reivindicarse e impedir que sean vistos ante el ojo público como instituciones acéfalas manejadas a control remoto.
En bien de la Policía debe decirse que su Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrin) resolvió en tiempo prudente el caso de rapto y homicidio del también catedrático universitario, Yuniol Ramírez, aunque faltan aún muchos cabos por atar.
La Fiscalía ha cumplido con lo estatuido por el Código Procesal Penal, al solicitar ante un juez de lo preliminar medida de coerción contra los imputados, consistente en un año de prisión, así como declarar el caso complejo, con lo que se admite que falta mucho trecho por recorrer en el ámbito de la investigación.
Ante la comisión de un crimen, se procura determinar quién o quiénes lo perpetraron, por cuáles motivos y circunstancias, premisas que han sido desveladas por los investigadores, lo que indica que en este caso se ha actuado con eficiencia, diligencia y sentido de oportunidad.
La ciudadanía ha sido impactada por este asesinato, perpetrado por dos empleados de la Omsa, con la complicidad o conocimiento de otros funcionarios de esa empresa estatal, lo que obliga a Ministerio Público y Justicia a identificar, procesar y condenar a quienes resulten involucrados en ese crimen.
No ayuda a la investigación el pretender desde medios de comunicación jerarquizar, con fines políticos o especulativos, nombres, motivos o circunstancias, porque lo que conviene es que sin ningún tipo de miramiento los autores materiales e intelectuales de ese asesinato sean condenados de conformidad con el Código Penal.
El Gobierno está compelido a alejarse de ese expediente y simplemente dejar el terreno libre de cualquier tipo de influencia a los fines de que Policía, fiscales y jueces cumplan cabalmente con su misión de investigar, procesar, juzgar y condenar.
Si de motivos se debe hablar en relación con ese asesinato, en primer término debería mencionarse la corrupción que se dice corroe a la Omsa, que ha sido la razón primigenia de esta desgracia que consterna e indigna a la sociedad, por lo que el Gobierno debería asimilar la lección y desde hoy mismo procurar lavar con agua y jabón toda la administración pública.

