El escándalo desatado por un vídeo en el que se denuncia a la fiscalizadora de Villa Vásquez y cinco agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de colocar drogas en una barbería no debería diluirse en las redes sociales o en tintero de impunidad.
Lo que se ha dicho es que durante un allanamiento a esa peluquería, agentes actuantes colocaron en algunos lugares del establecimiento envolturas que presuntamente contenían sustancia controlada, alegación que solo el Ministerio Publico está en condiciones de confirmar o desmentir.
La Fiscalía y la dotación de la DNCD de Villa Vásquez cumplieron con los requisitos legales para realizar ese allanamiento, al recabar la autorización del juez de Atención Permanente de Montecristi la orden correspondiente, pero en el vídeo se observa un comportamiento extraño de los agentes actuantes.
La imagen de la DNCD y la del Ministerio Público han sufrido severo deterioro a causa de este incidente, todavía por comprobarse la autenticidad de su contenido, pero desde hace tiempo se divulgan denuncias sobre supuestas colocaciones de sustancias controladas a personas que luego los fiscales acusan de posesión o comercio de drogas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que esa entidad recibió en el último año más de cien denuncias de jóvenes que alegan que no llevaban consigo drogas incautadas por las autoridades, un tipo de acusación que merece ser esclarecido por la DNCD.
Lo más grave del escándalo del vídeo es que debilita sensiblemente a las autoridades antidrogas y al Ministerio Público en su lucha contra el uso, consumo y distribución de sustancias controladas, a lo que se agregan recurrentes historias sobre agentes de la DNCD y de la Policía de que cobran o reciben sobornos de narcotraficantes.
El director de Inspectoría de la Procuraduría General, Bolívar Sánchez, quien encabeza las investigaciones que se realizan en Villa Vásquez para determinar la veracidad de lo expuesto en el vídeo de la barbería allanada, está compelido a retornar a Santo Domingo con la noticia de que el escándalo ha sido esclarecido cabalmente.
Por tan amplio y espeso cúmulo de denuncias sobre actos de prevaricación atribuidos a agentes de la DNCD, a fiscales y a policías en asuntos relacionados con narcotráfico, conviene que desde hoy mismo sus incumbentes comiencen a desinfectar con cloro y buen detergente a sus respectivas instituciones.

