A la Dirección de Migración le compete repatriar a extranjeros indocumentados, que residan o estén de tránsito en el territorio nacional, pero la ley debe ser siempre aplicada en consonancia con el irrestricto respeto a los derechos humanos y en el marco de un diáfano ordenamiento jurídico.
Se reconoce que en el plano migratorio se escenifica una situación de emergencia a causa del éxodo de haitianos que ingresan por la frontera, aguijoneados por el extremo deterioro económico, político y de salubridad que se padece en el país vecino.
Las autoridades alegan que no se aplican deportaciones ni repatriaciones, sino devoluciones de migrantes recién llegados para evitar que por motivo de los fatídicos eventos en Haití, se incremente aun más la masa de indocumentados asentada en el lado oeste de la isla.
Aun así, Migración está compelida a garantizar los derechos de los extranjeros que apresa, muchos de los cuales han creado familia y poseen bienes en República Dominicana, casos que no encuadran en la tanda de devoluciones y que requieren de normativas procesales distintas.
Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno dominicano que no apele al derecho soberano de aplicar control migratorio, a pesar de que reconoce como muy elevado el número de haitianos que han ingresados de manera ilegal, cuya proporción es mucho mayor a los que han sido devueltos.
En términos migratorios el país se asemeja a la arepa que se cuece a base de candela por arriba y por debajo, pues está sometido a intensa presión internacional para que sus autoridades se hagan de la vista gorda ante el éxodo de indocumentados, pero corre el riego de que se produzca un desborde del cólera si no controla ese flujo humanos.
Con las intempestivas devoluciones de ciudadanos haitianos se revela que el país carece de una bien definida política migratoria y que el cordón fronterizo es tan permeable como el agua, factores incidentes en la macrocefalica población de indocumentados.
Al reconocer el derecho y la obligación de la Dirección de Migración a repatriar, deportar o devolver a extranjeros sin papeles, se reclama que las leyes de control migratorio se apliquen con respeto a los derechos de los afectados y que a manera de excepción se tome en cuenta la pesarosa situación que padece Haití.

