El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, no ha acudido al muro de las lamentaciones frente a todos los obstáculos afrontados por el proyecto de partidos políticos. Como todo buen capitán ha garantizado que está preparado para conducir el buque a puerto seguro, sin importar la magnitud de la tormenta que pueda agitar los océanos.

La seguridad es más que alentadora, toda vez que despejan los temores que puedan abrigarse de no contarse con la polémica legislación para las elecciones de 2020. Si algún sector político maniobra en ese sentido, creyendo que se saldría con las suyas generando algún tipo de crisis que afecte el proceso, lo más probable es que se le pele el billete.

La JCE, como afirmó Castaños Guzmán, no se ha sentado a esperar la decisión de los congresistas, sino que ha tomado sus propias previsiones.

La seguridad que ha reiterado el titular de la JCE debería constituir un mensaje para los legisladores. O más bien para los jefes de los grupos que tienen estacanda una pieza, que si bien no es la panacea, por lo menos contribuye a regular las campañas y los procesos internos de los partidos políticos. En medio de la desconfianza y la truchimana que dominan el quehacer partidario, el zarandeado proyecto representa un paso de avance.

La opinión pública desea una ley de partidos políticos que privilegie el interés colectivo por encima de las ambiciones particulares. No un traje a la medida de las aspiraciones de ningún grupo en particular. Si los congresistas no son capaces de sancionar una pieza con tales características, la JCE está preparada, como dijo su presidente, para evitar cualquier vacío que se pudiera dar por falta de una legislación.

Tras la aprobación por una mayoría mecánica del Senado, la pieza es analizada por una comisión de los diputados. En caso de ser modificada, como se especula, tendría que volver a la Cámara Alta, lo que dilataría el plazo por lo menos para su aplicación. No se ha descartado que el vaivén se corresponda con alguna estrategia para evitar que la ley, de aprobarse, pueda aplicarse en los próximos comicios.

Pero si alguien piensa que con retrasarse la pieza podría generar un caos, las garantías dadas por la JCE de que está lista para organizar las votaciones con o sin ley de partidos políticos indican que está equivocado largo a largo.