Con razón y derecho

Varado en la frontera con Nicaragua, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha reclamado a Estados Unidos definir con mayor claridad su posición ante  el gobierno de facto que ya exhibe los colmillos de dictadura.

Impedido por el Ejército de  retornar a Tegucigalpa y retomar el poder, Zelaya ha dicho que realmente  desea saber cuál es la posición de Washington, cuya posición dubitativa  genera sospecha y preocupación en todo el continente.

Tropas militares, que en la víspera asesinaron a un activista del depuesto mandatario,  impiden  que  la esposa e hijos de  Zelaya  se reunan con  él  en el campamento que ha levantado  en  el municipio nicaragüense de Cotal, a  donde intentan llegar miles de hondureños.

Ante  esa nueva expresión de salvajismo del gobierno de facto de Roberto Micheletti, la Casa Blanca y el Departamento de Estado envían mensajes confusos al  calificar como acto de imprudencia el intento de un Presidente legítimo  por retornar a su país.

Lo que Estados Unidos debería  reclamar  con toda firmeza y claridad es  que Micheletti y su clan golpista desalojen de inmediato el Palacio presidencial de Honduras para que sean sometidos a la justicia por sus acciones criminales.

 Zelaya, su familia y miles de hondureños están hoy en peligro expuestos a morir a manos de  facinerosos al servicio del golpismo que impiden el libre tránsito por el paso fronterizo con Nicaragua.

No se culpe al derrocado mandatario por la tropelía que puedan acometer los golpistas para impedir su retorno, pues Zelaya  simplemente ejerce su derecho a ser reinstalado como jefe de Estado de Honduras.

El presidente Barack Obama no debería permitir que ante la delicada  crisis hondureña, Estados Unidos  ejerza un tipo de doble moral que  frustre  el empeño de la comunidad internacional para que la democracia retorne  a esa nación  de Centroamérica.

Al presidente Zelaya le asiste  derecho de exigir a Washington que enfrente con fuerza a  esos golpistas.