El Tribunal de Niños, Niñas y Adolecentes del Distrito Nacional condenó ayer a cinco años de cárcel y 10 millones de pesos de indemnización a un joven que en el 2011 mató con una ametralladora Uzi a un menor, en el ensanche Naco, en la casa de un ex diputado del Partido Reformista Social Cristiano.

El joven, que en la actualidad tiene 18 años de edad y cuyo nombre se omite por haber sido menor al momento de cometer el hecho, fue encontrado culpable de matar voluntariamente al menor Humberto Anderson Castillo, de 15 años, con una ametralladora Uzi, propiedad de un exlegislador reformista.

La magistrada Carmen Mancebo determinó que el hecho no ocurrió de manera casual, sino de manera imprudente y voluntaria, razón por lo que le varió la medida de coerción y dispuso que fuera apresado inmediatamente y llevado a la cárcel de Najayo, San Cristóbal, para que cumpla la condena.

La víctima era hijo de los esposos Andrés Jiménez y Kirsi Castillo Méndez, a quienes el Tribunal ordenó el pago de 10 millones de pesos de indemnización.

El joven sentenciado cumplió recientemente los 18 años de edad, pero al momento de cometer el homicidio tenía 16, pero ya cumplió la mayoría de edad, razón por lo que fue remitido a una cárcel de adultos.

En el Juicio le fue variada la calificación de los hechos de homicidio involuntario por la de homicidio intencional, luego de haber sido advertido en el juicio que el hecho no sucedió de manera casual, sino que se reveló durante la instrucción del proceso que dicho imputado actuó de manera imprudente cuando le disparó al menor malogrado.

Al momento de ser sentenciado también le fue variada la medida de coerción de libertad que gozaba por la de prisión, quedando detenido de inmediato y remitido a la cárcel pública de Najayo Hombres en San Cristóbal para que cumpla allí la pena impuesta.

Según la jueza del Tribunal de Menores, Carmen Mancebo, al joven se le demostró en el juicio que cometió voluntariamente los hechos con el uso imprudente de una metralleta marca Uzi, propiedad de un ex diputado del partido reformista, que se encontraba guardada en un closet de dicha residencia, ubicada en el sector de Naco.

Los abogados de los padres del menor asesinado fueron Manuel Sierra Pérez, Polibio Rivas y Rafael Sena, y por el condenado homicida el doctor Marino Elsevif.